Violencia y poder narco exhiben fragilidad estatal
El reciente decomiso de pirotecnia destinada a homenajear a Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», en Michoacán, es un crudo reflejo de la penetración del crimen organizado en la vida social y territorial del país. Este tipo de actos, que desafían abiertamente la autoridad, evidencian una preocupante erosión del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
La ostentación de poder por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de la celebración pública de su líder, revela una estrategia de control territorial basada en la intimidación y la construcción de un imaginario de invencibilidad. Esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas hasta el momento y la necesidad de replantear el enfoque para combatir la delincuencia organizada.
Más allá de la detención de responsables y el decomiso de materiales, es fundamental abordar las raíces sociales y económicas que permiten el florecimiento de estos grupos criminales. La falta de oportunidades, la desigualdad y la corrupción son caldo de cultivo para la captación de jóvenes por parte del crimen organizado, quienes ven en este una alternativa ante la ausencia de perspectivas de futuro.
La Cuarta Transformación enfrenta el desafío de consolidar un Estado de Derecho que garantice la seguridad y el bienestar de la población. Esto implica fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y promover el desarrollo social, con el objetivo de desarticular las redes criminales y construir una sociedad más justa y equitativa. La pirotecnia decomisada es un síntoma de un problema profundo que requiere soluciones integrales y de largo plazo.